-Diputada Susana Bermúdez Cano- Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de esta mesa directiva, de mis compañeras, compañeros diputados. Hace algunos días conocimos el informe de fiscalización de la cuenta pública de 2024. Este documento, presentado por la Auditoría Superior de la Federación, es mucho más que un trámite o una simple revisión administrativa; es, en realidad, un espejo de cómo se gobierna y de cuáles son las prioridades reales en el manejo de los recursos públicos. En este informe se detectaron nuevamente irregularidades que parecen no tener fin: pagos duplicados, falta de documentación comprobatoria y aquello que ya se ha vuelto una constante en la entrega de programas sociales, la transferencia de recursos a personas fallecidas. Y no hablamos de casos aislados o errores de captura; hablamos de millones de pesos que simplemente no encuentran explicación ni respaldo en papel. No se trata de accidentes, lo que subyacen en el fondo a estas prácticas irregulares son reglas laxas y procesos administrativos a los que les faltan controles claros y efectivos. Tampoco se trata de datos aislados o casos excepcionales. Estamos frente a un problema donde los propios instrumentos para ejercer y supervisar los recursos públicos no sólo resultan insuficientes para garantizar un uso legal, transparente y orientado al beneficio social, sino que así están diseñados. Es decir, no estamos únicamente ante errores operativos, sino ante un diseño institucional que permite la discrecionalidad, la opacidad, la corrupción. Y cuando los sistemas de control fallan, quienes terminan pagando el precio son siempre las personas que más necesitan esos recursos. Por ello, esta realidad exige mucho más que la corrección de fallas técnicas; exige una revisión de las normas, procesos y estructuras administrativas que rigen la operación de los programas sociales para asegurar que cada peso público cumpla con su propósito y. llegue realmente a quien más lo necesita. Esos pagos duplicados y esos fondos entregados sin sustento no son dinero perdido en el vacío; son recursos que dejaron de invertirse en hospitales con medicamentos que no hay, en vacunas no aplicadas a nuestras infancias, en escuelas dignas y seguras, en caminos rurales transitables, en becas para jóvenes que sí trabajan, que sí estudian y que sí viven, en apoyo real para madres trabajadoras que necesitan guarderías para sus hijas e hijos. La transparencia y el respeto a los derechos de la ciudadanía son obligaciones ineludibles de la autoridad y, en ninguna circunstancia, pueden justificarse fallas en su cumplimiento por incapacidad institucional o falta de voluntad política. Por ello, el presente exhorto a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, instruya una revisión exhaustiva y establezca cambios en las reglas de operación de los programas sociales federales, con el objetivo de prevenir y erradicar actos de corrupción en su diseño, operación y ejecución. Es cuanto, Presidenta