- Diputada Luz Itzel Mendo González - - Con el permiso de la Presidencia y de la Mesa Directiva, muy buenos días a todas y a todos, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros, legisladores, asesoras y asesores, medios de comunicación y sobre todo a la ciudadanía que nos sigue por medios digitales y los que se encuentran aquí presentes. - El día de hoy quiero exponer a nombre del diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero y de su servidora. La siguiente iniciativa con proyecto de decreto que busca establecer una regulación más rigurosa para las concesiones de largo plazo, con el objeto de poner fin a la figura del amiguismo empresarial y garantizar que el patrimonio del Estado sirva exclusivamente a la ciudadanía y no a los políticos ni a sus amigos. - El principal motor de esta reforma se encuentra en el caso reciente de la concesión de las autopistas Silao, San Miguel de Allende y Guanajuato-Silao, que durante la gestión del entonces Gobernador Diego Sinhue le entregó al Consorcio VISE-RUBAU la explotación de estas vías por 30 años o más a cambio de una contraprestación de 107 millones de pesos, este monto es notable si lo comparamos con los ingresos anuales que el ejecutivo obtenía de esta autopista, cifra que supera los 250 millones de pesos al año. - En términos prácticos, se hipotecó una fuente de ingreso vital para el Estado por un precio de burla, lo más preocupante no es solo el bajo monto, sino la falta de competencia real, a pesar de que 15 empresas se inscribieron en el proceso, solo una presentó propuesta, este escenario, donde solo una empresa que, por cierto, fue señalada como la constructora más beneficiada del sexenio pasado, con más de 5 mil millones de pesos en contratos, es la única que llega a la meta, desenmascara la ausencia de condiciones equitativas, por lo que las concesiones se convierten así en una moneda de cambio, un mecanismo de transferencia injustificada de recursos públicos al sector privado, si bien la legislación actual en materia de concesiones es clara sobre los plazos, 30 años con posibilidad de prórroga 60. - Su aplicación en un entorno de poder concentrado ata de manos a las administraciones entrantes, por lo que una administración saliente puede imponer compromisos financieros a sus sucesores un día antes de terminar su gestión, como fue el caso, perpetuando así la contratación de los contratistas predilectos a costa de la eficiencia y la correcta gestión que puedan tener, esta práctica, que además fue una constante en Sexenios anteriores, evita que los nuevos gobiernos puedan revisar las condiciones o buscar soluciones más eficientes para la ciudadanía, trasladando cargos, responsabilidades y consecuencias financieras, derivadas de decisiones impuestas y diseñadas a modo, (Voz) diputado Presidente, permítame diputada. ¿Diputada Yesenia le pediría si pueden bajar un poquito? La voz, por favor, continúe diputada, (Voz) diputada Luz Itzel, gracias Presidente, la iniciativa que proponemos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde busca establecer filtros jurídicos y legislativos obligatorios para poner a fin a esta discrecionalidad, fortaleciendo el papel del Poder Legislativo como contrapeso real y garante del interés público. Se propone reformar la Constitución con la finalidad de que como Poder Legislativo tengamos que aprobar por mayoría calificada de 2/3 partes, cualquier otorgamiento de concesiones estatales o municipales sobre infraestructura pública o bienes inmuebles que pretendan tener una vigencia que exceda el periodo del ejecutivo o ayuntamiento en funciones. - Pero eso no es todo, esa decisión deberá estar precedida por un análisis riguroso de dictámenes técnicos, jurídicos, sociales y ambientales que justifique la necesidad y su legalidad a su vez, se busca reformar la Ley de Concesiones para condicionar la participación de particulares. La iniciativa establece que el otorgamiento de una concesión sólo procederá cuando existan circunstancias que lo ameriten y se acredite la incapacidad técnica, operativa y financiera del Estado. - Para cumplir con esa obligación, este cambio protege el principio de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, asegurando que la concesión sea un último recurso y no la primera opción para evitar responsabilidades propias. - Finalmente, se propone garantizar la no repetición de estas prácticas mediante un nuevo artículo que establezca sanciones con todo el peso de la norma a cualquier acto u otorgamiento indebido que cause daño o perjuicio a la Hacienda Pública, sin importar el rango del servidor público o particular. - La gestión pública debe rendir cuentas a los ciudadanos, no a los intereses particulares, en Guanajuato, la necesidad de establecer controles estrictos sobre la adjudicación de obras y servicios que trasciendan periodos de gobierno no es una opción. - La concesión de las autopistas en Guanajuato fue un síntoma de un ejercicio de poder que prioriza la discrecionalidad. Esta iniciativa transforma ese síntoma en una oportunidad de reforma estructural al permitir que, como Congreso, revisemos a fondo las decisiones que generan deudas por años y que comprometen el futuro financiero y patrimonial del Estado, se da certeza a los procedimientos que se fomenta la competencia real y se fortalecen la confianza pública, el rol de este congreso es esencialmente para velar por los intereses de la ciudadanía y asegurar que los proyectos trascendentales de infraestructura se basen en la máxima rentabilidad social y no hay negociaciones ocultas o favores políticos. - Es cuanto Presidente.