- Diputada Martha Edith Moreno Valencia - Muy buenos días, muchas gracias diputado, Presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, a quienes nos acompañan en esta casa legislativa, medios de comunicación y con el permiso de las y los ciudadanos, que es a quienes yo me debo. Agradezco también, esta iniciativa que se presenta por la diputada Miriam Reyes, la diputada Hades Aguilar, la diputada Plásida Calzada y el diputado David Martínez, así como su servidora, todos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. - Interrupción legal del embarazo, una reflexión sobre derechos, dignidad y responsabilidad pública. Hoy no venimos a imponer verdades absolutas, venimos a poner sobre la mesa una pregunta esencial, ¿Qué tipo de sociedad queremos ser?, una sociedad que protege la vida en todas sus manifestaciones, sin duda, pero también una que respeta la autonomía, la salud y la dignidad de las mujeres que habitamos en este Estado. La iniciativa que presentamos busca armonizar esos principios, no enfrentarlos. La autonomía reproductiva no es una abstracción académica, es la posibilidad concreta de decidir sobre el propio cuerpo, de planear un proyecto de vida y de recibir atención médica oportuna y digna cuando las circunstancias lo requieran. Cuando el Estado promete derechos en el papel, pero no garantiza su acceso, genera desigualdad. Cuando la ley criminaliza decisiones íntimas no desaparece el aborto, solo empuja a muchas mujeres a opciones más caras, más riesgosas y más estigmatizadas; esa es la realidad que queremos transformar. - Guanajuato ha vivido históricamente una tensión entre marcos legales, conservadores y luchas sociales por la igualdad, sabemos de casos que duelen, mujeres que acuden a buscar atención y terminan criminalizadas, víctimas de violencia sexual que son revictimizadas por la burocracia y la falta de protocolos claros, esos relatos no son estadísticas, son nombres, cuerpos y vidas que exigen una respuesta humana y eficaz, por eso, la propuesta no solo despenaliza, obliga al Estado a ofrecer servicios, a capacitar personal, a respetar tiempos y culturas, a proteger a las víctimas. Eso, es coherencia entre derecho y política pública. - Despenalizar hasta las 12 semanas no es un acto de frivolidad ni una ruptura moral gratuita, es una decisión fundada en evidencia en la experiencia de otras entidades y en el reconocimiento de que la criminalización no reduce la interrupción del embarazo, sólo la vuelve más desigual y peligrosa. Además, la iniciativa distingue con claridad, sanción al aborto forzando, protege a las víctimas de violencia sexual y exige que la atención sea inmediata cuando esté en riesgo la vida o la salud. No se trata de relativizar la vida, se trata de equilibrar derechos que legítimamente reclaman protección. - La salud pública es el termómetro de una sociedad justa. Ofrecer servicios gratuitos, seguros y con perspectiva de género y de interculturalidad significa reconocer la pluralidad de nuestro Estado, mujeres indígenas, afromexicanas, jóvenes, adultas, con distintos idiomas, trayectorias y recursos. Garantizar protocolos, registros y plazos razonables reduce insertidumbre, previene, revictimizaciones y permite que la atención médica sea una prioridad, no un dilema ético para quien la presta, ni una prueba de culpabilidad para quien lo solicita. - Las leyes, también deben reparar fracturas históricas, por eso proponemos derogar la formulación constitucional local que reconoce a la persona desde la concepción, una norma que en los hechos ha servido como un ancla para la criminalización y para obstaculizar el acceso a derechos ya reconocidos a nivel federal y con la Suprema Corte. Cambiar eso, no es cancelar convicciones personales es permitir que el marco jurídico sea coherente con los estándares constitucionales y con la protección efectiva de las personas. Convocar al diálogo es imprescindible, no pretendemos abolir la pluralidad de convicciones en Guanajuato, sino ofrecer una alternativa legal que proteja la salud, reduzca la desigualdad y respete la voluntad de las víctimas. - La política responsable, consiste en legislar con datos, con empatía y con previsión. Las primeras semanas después de una solicitud, la atención médica oportuna puede ser la diferencia entre la vida en condiciones de dignidad y la exposición a riesgos evitables. - Terminó con una invitación a la reflexión serena; nuestras decisiones legislativas configuran el perfil moral y práctico de la comunidad. Podemos elegir leyes que estigmaticen, que castiguen en lugar de acompañar, que se segmenten el acceso por bolsillo, o podemos elegir políticas públicas que protejan la vida entendida en su complejidad, la vida que exige salud, autonomía y oportunidades. - La iniciativa que hoy presentamos opta por esta última vía, legislemos para proteger a quienes más lo necesitan y para que la justicia no sea solo una palabra escrita, sino una práctica cotidiana en Guanajuato. ¡Es cuanto!, muchas gracias, diputado Presidente.