- Diputado José Erandi Bermúdez Méndez - Presidente, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a nombre propio de mis compañeras y compañeros diputados del PAN, de mi compañera Pily, como compañera diputada de la representación del Partido de la Revolución Democrática, hablarles de un tema que es muy preocupante en Guanajuato y en todo el país, el reclutamiento forzado de niñas, niñas y adolescentes para poder cometer un ilícito y que son reclutados lamentablemente por grupos delictivos, esto destruye la vida de quienes son obligados a participar en actividades criminales, esto daña a las familias, a las comunidades y lamentablemente profundiza los ciclos de violencia que se vuelven ya muy difíciles de poder revertir cuando un niño o una niña entra lamentablemente a este círculo de delincuencia, casos hemos conocido y no es posible que el marco legal al día de hoy no reconozca este problema que ya existe en nuestro Estado y en el país. Frente a ello, resulta indispensable fortalecer el marco legal para impedir que estas prácticas permanezcan, tenemos que trabajar todos y todos juntos para poder ir cerrando estas aristas que hay para que quien se dedique a delinquir reclute a nuestros niños. - Esta iniciativa que presentamos hoy, aborda varios ejes, uno de ellos definir el delito de reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos delictivos, su configuración autónoma es indispensable porque reconoce la lesibilidad social extraordinaria de estos hechos. No sólo priva a niñas, niños y adolescentes de su libertad y desarrollo, sino que los incorpora a dinámicas criminales que ponen en riesgo su vida. - Con ello se refuerza la protección de lo que nuestra Constitución marca la protección a nuestras niñas, niños y adolescentes, enviar un mensaje firme de rechazo, pero también un mensaje jurídico de cerrar la puerta a la impunidad. Otro término importante es incluir en estos casos dentro de la lista de delitos graves, tenemos que tipificar que cuando un grupo delictivo quiere reclutar a un niño o niña adolescente, este ya sea un delito grave y que se persiga en Guanajuato. - Esta clasificación reconoce la alta afectación a los derechos principales en nuestra jerarquía de derechos y que es primordialmente velar por los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, cuando la persona agresora se aprovecha de una posición de autoridad o institucional sobre nuestras niñas y nuestros niños, o cuando la víctima permanece a un grupo en mayor situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, niñas y niños y en situación de calle o integrantes de pueblos indígenas y o afroamericanos, ahí es donde tenemos que velar. Nosotros por el cuidado de ellos. - Asimismo, planteamos sancionar con mayor rigor este delito a integrantes de instituciones de seguridad y justicia, cuando haya integrantes de cuerpos policiales o de cuerpos de justicia participando en un delito, que la agravante todavía sea mayor para quien sabiendo que están reclutando un menor los inviten y los condicionen a cometer un ilícito. - Estas circunstancias reflejan una mayor responsabilidad penal debido al daño incrementado y a la desigualdad de poder, que facilita lamentablemente el sometimiento por carencias sociales, económicas, culturales y de educación, en relación con las penas debemos de establecer, mínimo de 6 a 15 años de prisión y multas significativas, estas penas se aplicarán sin perjuicio a otras que correspondan cuando los hechos vinculados lleven a cometer otros delitos, lo anterior garantiza que las sanción sea coherente con el nivel de daño causado. Finalmente, dada la gravedad del delito y de las persistencia de sus efectos que lleva hoy lamentablemente a estos grupos delictivos, también proponemos algo muy importante. Que este delito no pueda prescribir, que pase lo que pase, este delito siempre se persiga, aun cuando el menor de edad ya haya sido adulto y reconozca que fue invitado, fue presionado para cometer un ilícito cuando fue menor de edad, con esto estamos dando certeza a que las instituciones de procuración de justicia, persiga, hasta sus últimas consecuencias, a quien, sabiendo que esa laguna en la ley, inviten a los niños a cometer un ilícito, esto envía un mensaje inequívoco, ninguna conducta de esta naturaleza quedará fuera del alcance del Estado, pues la gravedad del daño exige una respuesta permanente y algo muy importante, seríamos el primer Estado en hacerlo, seríamos un Estado en vanguardia que reconocemos que tenemos un gran problema, pero que también no basta con reconocerlo, basta con actuarlo el que sean penas contundentes y que no prescriba este delito. - La reforma propuesta contribuye a cerrar espacios de impunidad, reconocer las circunstancias de quienes son mayormente vulnerable, que es nuestra población infantil, adolescentes, reconocer también que tenemos que establecer sanciones proporcionales y reforzar la obligación del Estado para garantizar la seguridad y el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes y que puedan vivir en una sociedad libre de violencia. - Se trata de avanzar hacia un marco legal más coherente, con mayor responsabilidad colectiva, asegurar que nuestros niños no sean utilizados con fines criminales, bajo ninguna circunstancia debemos mandar un mensaje contundente, proteger a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes, que es lo más preciado que tenemos en nuestro Estado. - Esta reforma nos acerca a ser a ese deber, asegurando que quienes vulneran a esta población enfrente las mayores consecuencias proporcionales al daño que les causaron, sin importar cuanto tiempo ha transcurrido. - Es cuanto diputado, Presidente, agradezco su atención, gracias, compañeras y compañeros diputados.