- Diputado Alejandro Arias Ávila - Con el permiso de la presidencia, buenos días compañeras y compañeros diputados. La calidad de un sistema de transporte público no se mide únicamente por el número de rutas que opera o por la cantidad de usuarios que moviliza. Se mide, sobre todo, por su capacidad de garantizar que ninguna persona quede excluida del servicio. Durante muchos años hemos confundido movilidad con transporte, pensamos que basta con poner un autobús en circulación para cumplir con nuestra obligación constitucional, pero, la evolución del derecho demuestra exactamente lo contrario. La movilidad es un derecho humano de contenido complejo, integrado por principios de accesibilidad, inclusión, igualdad, seguridad vial, disponibilidad y calidad, reconocidos en todo el sistema jurídico mexicano, que nos obliga a las autoridades a materializarlo. - Sin embargo, en las calles vemos que no está del todo garantizado. Para miles de guanajuatenses, el transporte público sigue siendo una barrera y no un instrumento de inclusión, para una persona que utiliza silla de ruedas, para un adulto mayor, para alguien que temporalmente enfrenta una movilidad reducida, para una mujer embarazada, o una persona que requiere apoyos para desplazarse, abordar un autobús puede convertirse en una actividad prácticamente imposible. Eso significa que el derecho a la educación, al trabajo, a la salud o al esparcimiento termina condicionado por algo tan elemental como poder subir o bajar de una unidad de transporte. - Los datos son contundentes, en Guanajuato, casi un millón de personas presentan, alguna discapacidad, limitación o condición que afecta su movilidad, estamos hablando de cerca del 16 % de la población estatal. - No se trata de un grupo minoritario, se trata de un sector social cuya realidad exige respuestas legislativas. Por ello, en esta iniciativa proponemos incorporar a la Ley de Movilidad un concepto moderno utilizado en los sistemas de transporte más avanzados. El abordaje autónomo; es decir, que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan acceder al transporte público, por sus propios medios, mediante rampas, plataformas elevadoras o sistemas de arrodillamiento por inclinación da suspensión das unidades sin depender permanentemente de la ayuda de terceros. Además, establecemos un modelo de modernización progresiva plenamente compatible con la realidad financiera de los municipios y de los concesionarios. No estamos proponiendo sustituir de un día para otro todo el parque vehicular. Estamos planteando un proceso gradual, responsable y técnicamente viable que permite incorporar unidades accesibles en las rutas, promover mecanismos de financiamiento, reconocer la inversión en los esquemas tarifarios y generar obligaciones compartidas entre autoridades y concesionarios. - Desde el Grupo Parlamentario del PRI, legisla pensando en la sociedad guanajuatense, cada vez hay más personas adultas mayores donde cualquiera de nosotros puede enfrentar una lesión temporal donde la movilidad universal dejará de ser una aspiración para convertirse en una necesidad cotidiana. - Por eso proponemos actualizar nuestro marco jurídico para que el transporte público se equipe y adapte para dar accesibilidad a la gente y así se convierta verdaderamente en un derecho a la movilidad para todos. Ese es el propósito, transformar el derecho a la movilidad en una realidad tangible para miles de personas que, todos los días, esperan algo tan sencillo, pero tan trascendente como poder subir a un autobús con autonomía, seguridad y dignidad. - Es cuanto, presidenta, muchas gracias.